El grupo de investigación Gestión y Políticas Públicas Territoriales (GPPT) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), realizó un estudio orientado a documentar y analizar los discursos, proyectos y actos administrativos presentados durante los primeros 100 días. Para ello se definieron tres unidades temáticas: los proyectos fundamentales, los sectores económicos y ambientales, y los sectores sociales y poblacionales. Cada investigador, de los 16 que conforman el GPPT, asumió el estudio de los avances en los asuntos de la dimensión que conforma su unidad temática, y se construyeron conjuntamente la documentación, el análisis y la divulgación de los resultados, de los que se destaca:
El equipo del gobierno nacional ha sido integrado con una combinación de experiencia, juventud y paridad de género. Los primeros proyectos en ser aprobados fueron la reforma política, la paz total y la reforma tributaria, que sustentarán la financiación de los nuevos programas y el camino de las fuerzas políticas en esta nueva fase. Entre las propuestas esenciales desplegadas, se cuentan: la reactivación de la reforma rural con adjudicación de tierras, la transición energética, la cooperación internacional para la paz y la crisis climática, la lucha contra la desigualdad y el hambre, y la participación activa de las poblaciones excluidas, jóvenes y mujeres en la nueva gestión.
Reforma rural
La recuperación de la reforma rural integral es una bandera del nuevo gobierno, con nuevos mecanismos de adjudicación de tierras, asistencia técnica para los campesinos y saneamiento de la propiedad hacia la conformación del catastro multipropósito. A mediados de septiembre se entregaron títulos de más de 680.000 hectáreas, 900 títulos en Boyacá y la destinación de hectáreas por extinción de dominio que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha entregado al gobierno.
La expectativa de compra a grandes terratenientes pasó de 3 millones a 500.000 hectáreas por cada año de gobierno. Una reestructuración del crédito agrario a través de Finagro, Banco Agrario y Agrosavia ha sido definida a finales de octubre, de la mano con la conformación de un fondo de acceso a insumos y un crédito de 50 millones de dólares de parte del Banco Mundial.
Capítulo especial merece un nuevo tratamiento conciliador de los conflictos por ocupación de tierras y la realización de los diálogos regionales vinculantes para la construcción conjunta del Plan Nacional de Desarrollo (PND). La justicia restaurativa se ha planteado como prioritaria para mitigar la crisis penitenciaria, el acceso a la educación en los centros carcelarios y el apoyo al proceso de paz total con reparación y no repetición. La política de paz total involucra el cese al fuego multilateral e incluye a las bandas criminales, los grupos armados ilegales y el ELN. El Comisionado de Paz se ha reunido con comunidades y grupos armados a lo largo y ancho del país y en el exterior. La política exterior ha vuelto a orientarse hacia la cooperación internacional para la paz, la preservación ambiental, la transición energética y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela.
La participación ciudadana y una concertación amplia de los proyectos de reforma han sido una característica permanente, un debate público con la ciudadanía, gremios económicos, medios de comunicación, sociedad civil y legisladores, marca un nuevo estilo en la conducción del país. El presidente anunció durante su discurso de posesión la aplicación efectiva de la Constitución de 1991 para completar su implementación y llevarla a la práctica. Los procesos de concertación se han fortalecido mediante la coalición parlamentaria con los partidos Liberal, Conservador y de la U, que participan en la integración de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Transporte, y el Mintic, respectivamente. Una nueva gestión en las manifestaciones públicas y el respeto a los derechos de asociación, reunión y protesta se han caracterizado en estos primeros 100 días frente a las marchas de descontento de la oposición ante la pérdida del poder. El Ministerio del Interior participa hoy con diálogos previos con los manifestantes.
Una nueva visión sobre las fuerzas armadas y la policía nacional
Esta ha sido impartida por el nuevo gobierno y una nueva cúpula militar sin oficiales corruptos ha sido designada con un análisis detallado de sus hojas de vida. El enfoque de género con vinculación de las mujeres en los altos mandos y de mecanismos de promoción justos para los jóvenes, plantea un giro en el Ministerio de Defensa. La aprobación del servicio social en vez del servicio militar obligatorio hoy permite que la juventud tenga nuevas opciones de vida ajenas a la guerra. La reforma a la Policía no ha sido radicada aún, pero el Esmad se ha transformado como una “Unidad de diálogo y acompañamiento en las manifestaciones” para fortalecer el reglamento de la Policía antimotines, hacia la protección de los derechos humanos y el uso de la fuerza como alternativa última.
Presupuesto general para 2023
Fue aprobado con un monto de 405 billones de pesos, superior en un 15 % frente a 2022, con 78 billones de pesos destinados al servicio de la deuda que contribuye al cumplimiento de la regla fiscal. Se destacan las asignaciones en educación, salud, defensa y policía. La estabilización de precios de los combustibles para 2023 en 1,3 % del PIB, llevó a un incremento de gastos de funcionamiento en un 20 %. No obstante, han sido eliminadas cuantiosas partidas del gobierno anterior en gastos de contratación, viáticos, vacaciones, esquema de seguridad y la eliminación de siete altas consejería de la Presidencia.
La reforma tributaria
Fue aprobada después de tres meses de concertación con los gremios económicos, las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, y un debate arduo en el Congreso, con negociaciones que determinaron un recaudo en el primer año de 20 billones de pesos, que aumentará hasta llegar a 25 billones anuales en 2025. Las principales reformas giraron en torno al impuesto a productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, las ganancias ocasionales de 15 % para activos y 35 % para rifas y loterías, las regalías no deducibles del impuesto de renta y el impuesto patrimonial de 0,5 % a patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos, 1 % para superiores a 5.000 millones y 1,5 % a superiores a 10.000 millones de pesos. El ministro José Antonio Ocampo indicó que el recaudo esperado con esta reforma se destinará a programas sociales y desarrollo productivo orientados a mejorar la calidad de vida y la transformación productiva.
Transición energética
Es liderada por Irene Vélez, una polémica ministra de Minas y Energía, quien anunció a partir de las propuestas de la campaña que más de 80 empresas aceptaron el pacto por la justicia tarifaria para reducir las tarifas de energía en 2,7 % a partir de noviembre 2022. La transición energética se encuentra en la encrucijada ante la necesidad de los recursos naturales derivados de combustibles fósiles para afrontar la recesión mundial, la crisis inflacionaria y una eventual integración latinoamericana en torno a este propósito. Los discursos del presidente Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre y la conferencia de las partes COP 27 de 7 de noviembre en Egipto constituyen un llamado a la humanidad para retomar la senda de energías alternativas, resolución de conflictos sociopolíticos y compensación a las naciones pobres por sus esfuerzos de preservación de la naturaleza.
Educación
Los temas relevantes se orientan a las reformas del Icetex, la educación superior, el Plan de Alimentación Escolar (PAE), la etnoeducación y la integración entre cultura y educación. Iniciaron las condonaciones de 25 al 50 % a deudores del Icetex y la priorización para becas a la población indígena, afro, víctimas del conflicto, en condición de discapacidad, reintegrados y Sisben.
La Comisión de la reforma a la Ley 30 de 1992 se ha orientado a modificar el esquema de transferencia de recursos a las instituciones de educación superior, desarraigar el proceso de privatización y a democratizar el acceso a las universidades. La etnoeducación y la educación ambiental son pilares del nuevo gobierno y toman fuerza con la construcción de un sistema educativo indígena propio que dinamice el diálogo de saberes con los pueblos originarios.
Reforma al sistema de la salud
“[…] debe transformarse para que las clínicas y los hospitales públicos se fortalezcan y no paguen una deuda ante los intermediarios”, dijo la ministra de Salud, Carolina Corcho. El sistema de salud no será una empresa de ventas de servicios y los aportes deben llegar directamente a los hospitales. Es necesario superar el modelo vigente de entidades promotoras de salud (EPS) que utilizan recursos del Estado y ofrecen una gestión deficiente como intermediarios de un derecho fundamental. La reforma laboral, pensional y de salud serán presentadas en 2023. En los primeros tres meses de gobierno se adelantan los diálogos de concertación con trabajadores y gremios para facilitar su trámite, el hilo conductor es la restitución de los derechos laborales y de las condiciones de bienestar para los trabajadores y pensionados.
Enfoques de género y juvenil
Las poblaciones más frágiles han sido convocadas para participar activamente en la construcción de un mejor bienestar para sus familias y comunidades. El énfasis radica en las mujeres y los jóvenes, pilares de la elección del nuevo gobierno, hacia la eliminación de las violencias de género, la introducción en el plan de desarrollo de los enfoques de género y juvenil y en la conformación de los equipos de gobierno. Se ha definido como prioritaria la práctica del cuidado, en especial a personas con discapacidad. Así mismo, se ha creado el nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad que encabeza la vicepresidenta Francia Márquez, para generar políticas de garantía a las comunidades vulnerables, con el objetivo de eliminar las desigualdades, en particular de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom. El nuevo Ministerio también se orienta a generar la construcción de un ambiente de respeto para la comunidad LGBTQ+ para neutralizar los discursos de odio, las prácticas discriminatorias y los abusos que enfrentan. Igualmente, se agendaron iniciativas para detener los crímenes contra los líderes sociales, las víctimas del conflicto y la población migrante.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026
Se inició de manera simultánea en las regiones con la participación conjunta de servidores públicos de los niveles nacional, regional y local, representantes de los gremios económicos, organizaciones sin ánimo de lucro de la sociedad civil y las comunidades locales. El proceso de “diálogos regionales vinculantes”procura desarrollar los pilares del Plan en seis dimensiones definidas como bases del PND: (i) ordenamiento territorial en torno al agua, (ii) seguridad humana y justicia social en educación y salud, (iii) derecho humano a la alimentación, (iv) internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, (v) convergencia regional, y (vi) estabilidad macroeconómica. Estas bases del PND tienen 7 implicaciones sobre las poblaciones más frágiles: paz total, mujeres potencia del cambio, reparación efectiva a las víctimas, infancia y adolescencia, jóvenes con derechos, comunidades étnicas y personas con discapacidad.
En síntesis, el Gobierno nacional puso sobre la mesa el contenido y los procedimientos para concretar sus propuestas de la campaña electoral y ejecutar en los próximos cuatro años, según la Constitución de 1991. La presión de los grupos económicos, la política tradicional y los grandes medios de comunicación se han opuesto a las nuevas ideas orientadas a la transformación del sistema político colombiano estático por dos siglos, y que ha llevado a Colombia al podio de la desigualdad en el hemisferio y el mundo. Ha resultado prioritario concretar en la práctica las propuestas de campaña y conseguir consensos, por ello, los primeros 100 días del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez han estado bajo la mirada del país, de Latinoamérica y del planeta. Ahora la tarea se dirige en los próximos 4 años al seguimiento de la formulación e implementación de las reformas.
Así se crea el análisis de los primeros 100 días de un nuevo gobierno
Se remonta a 1933, cuando el 32º presidente estadounidense, Franklin Roosevelt, puso en marcha el New Deal, o política intervencionista para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929: “Estoy preparado para recomendarle las medidas que puede requerir una nación afectada en medio de un mundo afectado”. Roosevelt convocó al Congreso a sesionar por tres meses para sacar adelante sus prioridades; empleo, ahorro, salud, inclusión y recuperación de la industria y la agricultura. Desde entonces los primeros 100 días de un periodo presidencial adquirió un valor simbólico como referencia para el éxito temprano de un gobernante, desde la academia y los medios de comunicación.
Créditos:
Equipo del Semillero GPPT: Maria Camila Esteban, Juan Manuel Rincón, Manuela Betancur, Laura Camila Jurado, Camilo Cardona, Diana Ramírez, María Camila Echeverry, Valentina Londoño, Beker Argumedo, Daniel Castro, Maicol Barragán, María Alejandra Viancha, Brigitte Gómez, María Isabel Bedoya, Andrea Calle, Sebastián Palomeque, Mateo Molano, María Camila Parra, Alejandro Patiño.
Coordinadores egresados GPPT de apoyo: Juan Esteban Ospina, Jasblleidy Pirazán, Santiago Arroyave, Anais Palacios, Wilmar Giraldo, Juan Diego Villa, Camilo Guerra, Sara Cadavid, Juan José Aux, Simón Rodríguez.
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